Cataluña lidera la estadística estatal de denuncias por ocupación ilegal de viviendas e inmuebles
Siete asociaciones catalanas del sector inmobiliario han denunciado a la Fiscalía la elaboración de un manual de okupación en el que se explican los pasos necesarios para llevar a cabo este proceso. En concreto, han pedido a las autoridades públicas que averigüen e identifiquen a los responsables de dicha publicación, difundida en la página web de la organización política juvenil RAS.
El manual consta de 100 páginas con infografías, entrevistas con experiencias, consejos y asesoramiento jurídico para evitar el desempleo. Asimismo, se detalla qué herramientas son necesarias para forzar una puerta, hacer empalmes en el suministro eléctrico o manipular los contadores de suministros.
“Sin duda se trata de un documento que incita con carácter público a la delincuencia y en la provocación de delitos de diferente índole, contemplados en el artículo 18 del Código Penal”, afirman las asociaciones firmantes, que son el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Consell Català de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya y la Associació de Promotors de Catalunya.
Esta denuncia se ha producido en un momento donde se ha dado a conocer que Cataluña lidera la estadística estatal de denuncias por ocupación ilegal de viviendas e inmuebles.
De acuerdo con los colegios, esta región es una de las que registra una mayor bajada de desempleo (42,29%), pero, sin embargo, donde más crecen las okupaciones (69,32%). Frente a este elevado porcentaje, en Madrid ha disminuido casi un 12%.
“La explicación se puede encontrar en el fomento de la okupación ilegal por parte de algunos partidos y la mayor permisividad de las administraciones en Cataluña, ante las dificultades de alojamiento de las familias, y de medidas de políticas de vivienda demagógicas, poco eficaces y con pocos recursos presupuestarios”, destacan las entidades catalanas.