Miguel-Angel-Garcia-SerprocolMiguel Ángel García Rosado

Director de Suelo SERPROCOL

El precio del suelo en determinadas zonas  ha crecido tan rápido en los últimos  dos años que ha superado las  expectativas más optimistas de las  promotoras.

Una serie de factores, en mi opinión, están  influyendo en esta subida irregular y, además,  heterogénea en función de la zona en la  que se opere.  Una de ellas es la escasez, que se centra  especialmente en la inexistencia de suelo finalista.  No existen bolsas de suelo sectorizado y  con un Plan Parcial aprobado que pueda satisfacer  la necesidad de materia prima en zonas  donde repunta la demanda.

La tramitación de nuevos Planes Urbanísticos  con infinidad de legislaciones se ha convertido  en un culebrón jurídico donde los diferentes  partidos políticos, personas físicas y  asociaciones, que nada tienen que ver con los  suelos, tienen el escenario perfecto para poder  llevar a cabo estrategias contrarias a los intereses  generales.

Otro factor es la velocidad con la que las administraciones  públicas gestionan las licencias.  Empresas del sector han referenciado hasta  18 meses, en el peor de los casos, para obtener  una licencia de obra, pero un estudio reciente  de la patronal APCE afirma que la media nacional  para obtener este tipo de licencia es de 12 a  14 meses.

Si a esto le unimos que la licencia de primera  ocupación tarda como media entre tres y seis  meses, la obtención de ambos permisos supera  el tiempo de construcción de una promoción  de unas 100 viviendas, con la repercusión que  esto supone en el precio final de las mismas.

Tenemos que reflexionar sobre si es necesario  que en un país moderno un proyecto elaborado  por arquitectos e ingenieros, títulos oficiales  del Estado, que cumple con la legislación,  ordenanzas y normas técnicas de aplicación  vigentes, tenga que someterse al escrutinio de  otros técnicos durante 18 meses. Se asume una  tutela que el Estado no ejerce sobre otros profesionales,  con una revisión exhaustiva de sus  trabajos y con visitas a obra cuando su agenda  se lo permite, sin consideración a las agendas  de los promotores o a los tiempos y plazos de  las familias que van a vivir en ellas.

Los esfuerzos de patronal y las administraciones  van erróneamente dirigidos a recortar los  plazos, cuando lo que se tendría que hacer es  eliminarlos por completo y destinar los recursos  públicos a inspeccionar y sancionar durante  la ejecución. Cuestionable el papel que en todo  esto ejercen las patronales y los colegios profesionales,  acomodaticios con este problema tan  grave y carentes de ideas e imaginación de profundidad  para resolverlo.

Como consecuencia de años de estancamiento,  el incremento de los precios de construcción  es debida también a la escasez de mano de  obra cualificada y al miedo empresarial a invertir  y asumir riesgos, en recuerdo de la crisis tan  dura y tan cercana que hemos sufrido.

En el otro lado de la balanza, contribuyendo  a dar estabilidad y recorrido a medio plazo en  la oferta de suelo, podemos destacar el aumento  significativo de la profesionalidad de los agentes  intervinientes, fondos internacionales especializados  en inmobiliario, gestoras, promotoras  de nuevo cuño, constructoras con modelos  más transparentes e integrados verticalmente,  una política bancaria comedida, prudente y  profesional a la hora de analizar riesgos y capacidades  de repago y el propio comportamiento  de las familias en sus decisiones de compra y  en su intervencionismo en el desarrollo de su  vivienda. [ ] 

N.º 96 – Enero – Febrero 2019