Eugenio-Pacelli-LanzasEugenio-Pacelli Lanzas Martín.

Laso & Asociados

El Tribunal Supremo ha dictado en los  últimos meses dos sentencias de gran  impacto en la jurisprudencia relativa  al contenido del planeamiento urbanístico.  Nos referimos a las sentencias  de 30 de octubre y 10 de diciembre de 2018. La  primera de ellas viene a consolidar el giro interpretativo  que respecto de la jurisprudencia anterior  inició el alto Tribunal en 2017 en relación  con la categorización del suelo urbano sometido  a una actuación de transformación urbanística.  La segunda altera el criterio que había seguido  el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto  de la exigibilidad del informe de impacto  de género en los instrumentos de planeamiento  urbanístico.

INCLUSIÓN DEL SUELO URBANO EN UNA ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN  URBANÍSTICA

La sentencia citada en primer lugar viene a  confirmar el abandono por el Tribunal Supremo  de la corriente jurisprudencial surgida durante  la vigencia de la Ley estatal del Suelo y Valoraciones  de 1998. Según aquella corriente, hoy  superada, el Tribunal Supremo rechazaba que  con ocasión de una actuación de renovación o  reforma de la urbanización pudiera un suelo  urbano consolidado dejar de serlo para pasar a  tener la consideración de no consolidado. La razón  de este rechazo era que con ello se atentaba  contra el principio de equidistribución; un suelo  urbano cuya categorización como consolidado,  según el planeamiento precedente, por haber  cumplido en su día con los deberes necesarios  para que el suelo alcanzase tal condición, no  podía quedar sujeto como consecuencia de un  cambio de ordenación a un nuevo régimen de  deberes y cesiones. Incluso se llegó a afirmar  por el Tribunal Supremo que el suelo urbano  consolidado no podía incluirse en una unidad  de actuación.

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de  julio de 2017, de la cual nos hicimos eco en el  número 88 de esta misma publicación, supuso  un importante cambio de orientación en la  doctrina anterior, si bien hay que reconocer que  este cambio se produjo de manera paralela a la  evolución legislativa producida en esta materia.

Posteriormente, la citada sentencia de 30  de octubre de 2018 ha consolidado definitivamente  la nueva jurisprudencia. Tras recordar  la evolución legislativa y jurisprudencial aludida,  la sentencia hace referencia a la doctrina  del Tribunal Constitucional según la cual los  deberes que hasta la citada Ley del Suelo de  1998 se consideraban deberes de los propietarios  del suelo urbanizable, son ahora deberes  más abstractamente vinculados a la realización  de actuaciones de transformación urbanística.  Deberes que además han de modularse o matizarse  en función del tipo de transformación  urbanística, ya se trate de una actuación urbanizadora  (nueva o de reforma) o de una actuación  de dotación que puede tener lugar tanto en suelo  rural como en suelo urbanizado.

Más adelante se alude al nuevo modelo de  desarrollo implantado a partir de la Ley de  Suelo de 2007 mediante el desplazamiento de la  tradicional concepción desarrollista impulsora de un crecimiento urbano ilimitado a favor de  otra que la controle con especial insistencia en la  regeneración de la ciudad existente y a los nuevos  tipos de actuaciones urbanísticas ya aludidos y  que en la actualidad han sido recibidos en el vigente  texto refundido de la Ley de Suelo de 2015.

La conclusión final a la que llega la sentencia  consiste en que a la vista de la legislación vigente  es perfectamente posible en la actualidad que un  nuevo planeamiento que contemple una determinada  transformación urbanística de renovación,  regeneración o rehabilitación incluya en la correspondiente  delimitación un suelo qué, según el  planeamiento anterior, tenía la consideración de  suelo urbano consolidado quedando degradado  por el nuevo a la categoría del no consolidado.

TRAMIENTO QUE HA DE DARSE A LA CUESTIÓN DE GÉNERO TANTO EN  EL CONTENIDO DEL PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO COMO EN SU TRAMITACIÓN

Por su parte, la sentencia de 10 de diciembre  de 2018 estima el recurso de casación interpuesto  contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia  de Madrid que había declarado la nulidad del  plan general de ordenación urbana de Boadilla  del Monte por carecer de informe de impacto de  género.

Dicha sentencia de casación comienza afirmando  que el recurso no pretende resolver sobre  la conveniencia u oportunidad de que los instrumentos  de planeamiento urbanístico incorporen o  no un informe o perspectiva de género, sino que  se trata de dilucidar si, en este caso concreto, era  requisito necesario incorporar el citado informe  en el procedimiento de elaboración de este concreto  plan a la luz de la normativa estatal y autonómica  vigente, y si su ausencia puede provocar  la nulidad del mismo.

La citada sentencia del Tribunal Superior de  Justicia de Madrid se basaba en la jurisprudencia  recaída en torno a la exigibilidad del informe de  género en los instrumentos de planeamiento con  base en el artículo 24 de la Ley del Gobierno de  1997, que era modificado en 2003 para introducir  en su apartado 1.b la necesidad de su confección  en el procedimiento de elaboración de normas  reglamentarias. Según dicha jurisprudencia consolidada,  al asimilarse los planes de ordenación  a los reglamentos en cuanto al procedimiento  para su aprobación, les es de aplicación el citado  artículo 24 y, por tanto, deben ir acompañados del  informe al que venimos refiriéndonos, lo que dio  lugar a la anulación del plan general de Boadilla  por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en  la sentencia aludida. Interpuesto contra ella recurso  de casación, fue resuelto en sentido estimatorio  por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado  10 de diciembre, sobre la base de la ausencia en la  legislación autonómica vigente de la Comunidad  de Madrid de la específica exigencia del informe  de impacto de género en la tramitación de los instrumentos  de planeamiento urbanístico. El Tribunal  Supremo analiza si era correcta la aplicación  de lo dispuesto en el entonces vigente artículo 24  de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,  modificado por la Ley 30/2003, toda vez  que, pese a que las Leyes 2/2016, de 29 de marzo,  de Identidad y Expresión de Género e Igualdad  Social y No Discriminación, y 3/2016, de 22 de  julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia  y la Discriminación por Razón de Orientación e  Identidad Sexual no estaban en esa fecha vigentes  en la Comunidad de Madrid, el artículo 33 del  Estatuto de Autonomía prevé el carácter en todo  caso supletorio del Derecho del Estado respecto  del propio de la Comunidad de Madrid.

Sucesivamente, la sentencia, partiendo de que  “en este caso” no resultaba exigible la incorporación  de un específico informe de impacto de género,  sostiene sin embargo el carácter en ningún  caso neutral del principio de igualdad de género  en materia de urbanismo con base en la Ley Orgánica  3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva  entre Hombres y Mujeres, y en el artículo 2.2 de la  Ley de Suelo de 2007 (hoy, artículo 3.2 del vigente  texto refundido de 2015).

Por fin, en virtud de las consideraciones precedentes,  la sentencia concluye declarando, como  doctrina jurisprudencial, que si bien la cláusula  de aplicación supletoria del derecho estatal no  permite sostener la exigencia a las comunidades  autónomas de un requisito como es el informe  de impacto de género en materia de ordenación  urbanística, que no figura previsto en su propia  legislación, la igualdad de trato es un principio  inspirador de la nueva concepción del desarrollo  urbano. Este exige una ordenación adecuada y  dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad  efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es  necesario el sometimiento del plan a un trámite  específico para que esa perspectiva sea tenida en  cuenta y para que, en otro caso, el citado plan  pueda ser impugnado y el control judicial pueda  alcanzar a dichos extremos. [ ]

N.º 96 – Enero – Febrero 2019