Isabel Celaá, portavoz del Gobierno.

Isabel Celaá, portavoz del Gobierno.

Los bancos no podrán deducirse este gasto en el impuesto sobre sociedades

8 de noviembre de 2018.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley por el que obliga a los bancos a asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, en lugar de hacerlo los clientes, como ocurría hasta ahora. El real decreto se publicará este viernes y entrará en vigor a partir de sábado.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida se adopta para expresar “con toda contundencia y claridad” que el impuesto lo paga la banca.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido algo más en los aspectos técnicos de la nueva medida. Montero ha explicado que este cambio normativo acompañará a la propia modificación del artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que la banca asuma el impuesto. El cambio fundamental afecta a un párrafo en el artículo 29 de la ley, que establece que cuando se trate de un préstamo con garantía hipotecaria, se considera sujeto pasivo al prestamista, “así no deja lugar a dudas” .No es la única modificación. El texto del Gobierno también cambiará el artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, para dejar claro que el gasto no será deducible por el prestamista. La ministra ha explicado que el decreto tiene como “único” objetivo “que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos”, y, ha añadido, si no se ha planteado su eliminación, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas donde gobierna, es porque aporta unos 2.000 millones de euros a las arcas públicas, que se destinan a Sanidad. Educación y Dependencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anticipó el miércoles este cambio normativo pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un enconado debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias pronunciadas a mediados de octubre.

Antes de conocerse la “controvertida” sentencia del Supremo, que atribuía a los clientes la tasa, el Gobierno había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas depositarias de este gravamen, según enfatizó Celaá, pero siempre “con todo respeto a la autoridad judicial”, ya que el Gobierno ha cumplido con su deber dentro de su capacidad ejecutiva con este decreto, que entra en vigor mañana tras su publicación en el BOE.