Javier Martín López

Director de Observatorio Inmobiliario y de la Construcción

Escribo estas líneas cuando España está inmersa en la campaña electoral, por lo que buena parte de lo que más adelante expreso en teoría quedaría marcado –pero ya verán que no será así– por el resultado de las elecciones generales del 28 de abril y, a su vez, por la antesala de las autonómicas y municipales de mayo.

Durante la precampaña se ha hablado poco o casi nada de bienestar social, de educación, de economía en cualquiera de sus acepciones menos en la de ahorrar insultos al adversario político, o de vivienda, por poner solo algunos ejemplos.

Lamentablemente durante la campaña me temo que habrá poco tiempo en el guion de los mítines-talent.show, para escuchar de los que quieren gobernarnos propuestas, y menos aún medidas concretas, sobre modos de vida, desarrollo industrial, desarrollo del medio urbano y rural…  y desde luego las ocurrencias, los escraches e incluso las algaradas no ayudarán mucho a la reflexión sobre el futuro que viene, la manera de posicionarse ante las turbulencias económicas –¿y sociales? – que se avecinan a escala europea y mundial o los importantes cambios tecnológicos que marcarán un cambio drástico en las formas de vivir y de trabajar de la gente.

Tampoco vemos que se intente debatir de forma constructiva y menos aún consensuar y coincidir sobre cuestiones que marcan el futuro y cuya maduración va mucho más allá del ciclo electoral teórico de cuatro años y que últimamente ha adelgazado por la dieta milagro del fin del bipartidismo, como educación, modelo sanitario, empleo, salarios y pensiones, vivienda, desarrollo urbano, seguridad jurídica, infraestructuras…

Desde un enfoque estrictamente inmobiliario, quizá la bruma de confrontación interna no nos hace ver con claridad que desde fuera (basta echar una mirada al último MIPIM) se nos ve, en general,  como un país sólido en lo político (sí, incluso con la cuestión catalana de por medio…) y en lo económico, con unos fundamentales razonablemente aceptables (salvo el paro, que si no es endémico de nuestro país, lo parece), que seguirá creciendo por encima de la media europea y, curiosamente, donde a la gente le apetece venir a menudo e incluso quedarse a vivir.

En el mundo, los que tienen mucho dinero y los que manejan el dinero de otros muchos tienen casi infinitas posibilidades para colocarlo (de nuevo, una visita a MIPIM da fe de ello) y, sin embargo, en los últimos años han apostado por el sector inmobiliario español con inversiones solo en terciario ampliamente por encima de los 10.000 millones de euros anuales y no nos podemos permitir que dejen de hacerlo de la noche a la mañana. La cuestión no es convertirse en lacayos de estos señores y cambiar las normas a su antojo (modelo Eurovegas), sino contar con un marco jurídico razonable que favorezca la inversión, que a ser posible sea coherente a nivel nacional e internacional y, sobre todo, estable; y por último –esto sería ya para nota– que contase con un mínimo consenso político que evite la aparición de nubes de incertidumbre cada vez que se acerca un periodo electoral.

Nº 97 – Marzo- Abril 2019