Propósito corporativo, régimen fiscal y reglas de dispersión de acciones por parte de inversores con menos de 2% de los derechos de voto,  han sido algunos de los aspectos afectados por esta revisión

23 de julio de 2019.- El Parlamento portugués ha adoptado un conjunto de enmiendas propuestas por el Partido Socialista (PS) y por el Partido Social Demócrata (PSD) al Decreto-ley del gobierno que aprobó el régimen de las SIGI (Decreto ley n. ° 19/2019, de 28 de enero), sociedades de inversión similares a las SOCIMI españolas y a los REIT´s.

En vigencia desde el 1 de febrero de este año, el régimen establece en el artículo 7º, que las SIGI tienen por principal objetivo corporativo la «adquisición de derechos de propiedad, de derechos de superficie u otros derechos con contenido similar sobre bienes inmuebles, propiedades de alquiler u otras formas de explotación económica».

La sección de este estándar que contiene la expresión “otras formas de explotación económica” ha generado dudas de interpretación, posibilitando que las SIGI se utilicen con fines distintos del arrendamiento. Esta formulación ambigua ha sido la base de las enmiendas presentadas por el Bloque de Izquierda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP), con miras a terminar la validez de esta normativa, que sin embargo no fueron aprobadas.

Todavía así, fueran aprobadas varias enmiendas a la normativa de las SIGI con respecto al objetivo corporativo en las que se ha aclarado que el principal propósito corporativo de SIGI es, en particular, y como hasta ahora, «la adquisición de derechos de propiedad, derechos de superficie u otros derechos con contenido equivalente de bienes inmuebles, para arrendamiento». La expresión “u otras formas de explotación económica” en el segmento final de la norma ha sido sustituida por la nueva redacción “que cubre las formas contractuales atípicas que incluyen servicios necesarios para el uso de la propiedad”.

También se ha agregado un nuevo artículo que estipula expresamente la aplicabilidad a las SIGI del régimen tributario de las Agencias de Inversión Colectiva (UCI), previsto en el Estatuto de Beneficios Fiscales (EBF), solo con una limitación en la tributación de beneficios del capital. La redacción final adoptada establece que en el caso de ingresos derivados de la transferencia de derechos de propiedad sobre bienes inmuebles”, la exclusión del impuesto a los beneficios del capital solo se aplicará cuando la propiedad haya sido mantenida para arrendamiento, cubriendo formas contractuales atípicas de servicios necesarios para el uso del edificio durante al menos tres años.

Por otro lado, en el caso de pérdida de calidad de la SIGI, la aplicación del régimen fiscal mencionado anteriormente cesa. El nuevo artículo también establece que con la aplicación del régimen fiscal establecido para las CIU (artículos 22 y 22a del EBF), los “ingresos por acciones en SIGI que se pagan o se ponen a disposición de los tenedores después de la fecha de terminación y como las ganancias de capital realizadas después de esa fecha, se gravan de acuerdo con el Código del IRS o el Código del IRC «.

Las reglas que regulan la dispersión de acciones que representan el capital social de SIGI también fueron modificadas por inversionistas que poseen acciones que corresponden a menos del 2% de los derechos de voto imputados. De acuerdo con la redacción actual, al menos el 20% de las acciones deben dispersarse tan pronto como sean admitidas o seleccionadas para su negociación en la bolsa de valores. Con la nueva redacción, el límite mínimo del 20% se mantiene, pero solo es aplicable a partir del final del tercer año después de dicha admisión o selección para negociación. Y, además, se establece un nuevo límite de dispersión mínimo del 25% a partir del final del quinto año después de la admisión o selección para la negociación de acciones SIGI en la bolsa de valores.

También se introdujo un nuevo requisito para la gestión de SIGI, para solicitar, al menos cada siete años, una evaluación de los activos de SIGI  que deberá ser realizada por un auditor externo independiente registrado en la Comisión del Mercado de Valores (CMVM).

APPII da la bienvenida a las enmiendas adoptadas en el Parlamento

 Según Hugo Santos Ferreira, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Portuguesa de Promotores e Inversores Inmobiliarios (APPII), «se dio un paso importante para atraer más y mejores inversiones» a Portugal. En una declaración, Santos Ferreira enfatizó que «Portugal ha brindado información relevante al mercado internacional de que puede y está dispuesto a recibir nuevos inversionistas, que hasta ahora no entrarían en Portugal, a favor de colocar más oferta inmobiliaria en todos los segmentos del mercado”. Añade que el modelo de Estate Investment Trusts («REITS») «es una historia de éxito comprobado en todo el mundo» y que «Portugal perdería competitividad para poder atraer inversiones» si no adoptara rápidamente un régimen legal como el de SIGI.