27 de octubre de 2011.- El saneamiento de las cuentas públicas,  para que sea sostenible, debe combinar adecuadamente la reducción del gasto público no productivo con el impulso de la demanda agregada para aumentar los ingresos públicos. En los momentos actuales, no es posible mantener la política de reducción de la inversión pública sin comprometer gravemente el crecimiento potencial de la economía española y catalana. La reducción de la deuda pública en un plazo razonable  sólo será posible si se recupera el crecimiento económico, según la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC).

Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Organización de Cooperación y  Desarrollo Económico (OCDE) se han referido en las últimas semanas, ante la extrema debilidad del crecimiento económico europeo, a la necesidad de combinar los actuales  planes de ajuste fiscal con el estímulo público de la actividad económica a corto plazo.

CCOC cree que existe margen en la actual política económica catalana y española para impulsar la inversión pública en los Presupuestos Generales del  Estado y de la Generalitat para 2012, después de los drásticos recortes aplicados en los dos ejercicios anteriores.

La propuesta que hace la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña  y que somete a la consideración de los respectivos gobiernos de Cataluña y de España y a los partidos políticos, es que se libere  un 10 por ciento del consumo público, como resultado de la mejora en la eficiencia de la gestión, para que pueda ser destinado exclusivamente a inversiones públicas con  impacto sobre la productividad de las empresas.

En términos de contabilidad nacional y de  acuerdo con las previsiones oficiales, en 2011 el consumo público respecto del PIB será el 20′3% en España y el 16′2% en Cataluña. Cuantificando estos porcentajes, en 2011 el consumo público en España será de unos 220.000 millones de euros y en Cataluña unos 34.000 millones de euros.

Si en 2012 y mediante una mejora de la gestión, se redujera el consumo público un 10% se liberarían casi 22.000 millones de euros en España y 3.400 millones de euros en Cataluña, que deberían destinarse a un  programa de inversión pública concertado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas

En este programa concertado se incluirían los proyectos de interés general de competencia autonómica y estatal que, con coherencia territorial y funcional, permitieran asegurar el objetivo prioritario, aumentar la productividad de las empresas españolas, en especial las exportadoras, vía la reducción de sus costes de logística y, en general, sus costes de transacción (el llamado efecto neoclásico de la inversión pública). Al mismo tiempo, se cumpliría un objetivo de interés general: la lucha contra el desempleo (el llamado efecto keynesiano).

Condición inexcusable para justificar el cambio de política en este ámbito sería valorar adecuadamente las inversiones a ejecutar, poniendo en relación los gastos a realizar con los beneficios a obtener, evitando los numerosos ejemplos de infraestructuras sin usuarios y sin impacto sobre la economía productiva. En otras palabras, priorizar las inversiones por su repercusión sobre la actividad económica privada.

El recorte de inversión pública genera desempleo y reducción de ingresos fiscales

Según CCOC, hasta ahora las medidas de reducción del gasto público se han centrado en la inversión pública. Un ejemplo significativo: GISA, el  principal gestor de la inversión de la Generalitat ha pasado de adjudicar obras por un importe de 1.700 millones de euros  en 2010 a prever en 2011 tan solo 50 millones, 300 en 2012 y 500 en 2013, cuestionándose en estos momentos las previsiones de los próximos dos años.

En términos globales, la licitación oficial de obras (con financiación presupuestaria) en Cataluña ha pasado de 3.572 millones de euros hasta septiembre de 2010 a tan solo 1.047  en los nueve primeros meses de 2011. Las previsiones para todo el año 2011 las sitúa CCOC en unos 1.300 millones,  frente a los 4.300  licitados en 2010, lo que implica una disminución del 71%, 3.000 millones menos solo en un año.

Pero el recorte de las inversiones públicas  no se limita a la tremenda caída de la licitación de obra nueva. La casuística es muy variada y negativa, según señalan los contratistas catalanes:

‐ Obras licitadas en 2010 cuya adjudicación ha sido suspendida durante 2011, sin proceder a la devolución de las garantías prestadas por las empresas.

‐ No se han firmado los contratos de obras ya adjudicados a empresas, lo que les impide iniciar los trabajos. Algunos de estos contratos eran de elaboración de proyecto, dirección de obra y ejecución; se firmaron los dos primeros (lo que ha supuesto un gasto a la empresa) pero se ha decidido unilateralmente renunciar a la firma del contrato de ejecución de obra.

‐ Se ha reducido el ritmo de ejecución de las obras para, de esta forma, reducir el gasto reconocido, incumpliendo el programa de trabajo previsto en el contrato.

‐ Se ha suspendido la ejecución de obras en curso, generando una reducción imprevisible de la carga de trabajo de la empresa.

Según CCOC, ningún otro sector social o económico ha sufrido un recorte de magnitud superior, tanto en términos absolutos como relativos, como la inversión pública. Este recorte ha acentuado la crisis del sector de la construcción, ha provocado un incremento de la pérdida de empleos y situado a las empresas en una situación límite. A finales de septiembre de 2011 se  ha acumulado una pérdida de empleo en la construcción española de 183.368 personas respecto  de septiembre de 2010, mientras que en Cataluña la pérdida ha sido, en el mismo período, de 30.928  personas. Desde que comenzó la crisis en el año 2007 hasta hoy, el balance de la pérdida de empleos en la construcción es de 1.000.000 personas en España y de 139.000 personas en Cataluña.

Las empresas de obra pública han realizado su reestructuración, ajustando sus plantillas a la tremenda disminución de la  demanda. Pero CCOC afirma que si los ajustes se continúan centrando en la inversión pública, las empresas se verán forzadas a la reducción de su capital humano, profesionales de alta cualificación y experiencia, en definitiva el “núcleo duro” de las empresas constructoras con el consiguiente deterioro del tejido empresarial del sector.

Debe tenerse en cuenta que la menor actividad económica y la pérdida de empleo implican la disminución de la base tributaria sobre la que se sustenta la recaudación de impuestos y cuotas sociales, lo que dificulta la reducción del déficit.

La recuperación de la economía española no puede prescindir de la construcción

En 2010 la inversión pública en el sector de la construcción supuso tan solo el 3′7% del PIB en España y el 3′1% en Cataluña. En 2011 se prevé que esos porcentajes se reduzcan al 2′9% en España y únicamente al 2% en Cataluña.

En el pasado se ha realizado en España y Cataluña un gran esfuerzo inversor por parte del sector público, aun cuando algunas  de estas inversiones no han valorado suficientemente su repercusión sobre la  actividad económica privada (el efecto neoclásico) y se han limitado al efecto directo sobre la actividad constructora. El Plan Zapatero de inversión local del año 2009 podría ser un ejemplo paradigmático, señala la Cámara de Contratistas.

La austeridad en el gasto público  obliga a que su gestión sea eficiente económicamente. La propuesta de la Cámara de Cataluña es que los gestores públicos orienten todas las inversiones públicas hacia aquéllas que incidan significativa y positivamente sobre el desarrollo de la actividad económica de las empresas, exportadoras o no, disminuyendo los costes de movilidad, logística y, en general, sus costes de transacción.

CCOC hace un llamamiento a que los partidos políticos, el Gobierno de Cataluña y el futuro Gobierno de España para que reconsideren urgentemente la situación actual y las perspectivas de la inversión pública. La propuesta de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) de destinar el 10 por ciento del consumo público a obras de infraestructura comportaría una importante generación de actividad económica, con una creación estimada de 450.000 puestos de trabajo en España y 70.000 en Catalunya, con el consiguiente incremento de la recaudación fiscal y ahorro de gasto social. No hacerlo, en cambio, supondrá profundizar en la recesión del sector de la construcción, nuevos cierres de empresas y el correspondiente efecto de arrastre para el conjunto de la economía, como ya se  ha demostrado en los últimos dos años. La recuperación de la economía y el empleo no debe basarse únicamente en la construcción, pero no se conseguirá si se prescinde del sector de la construcción, concluyen los contratistas catalanes.