16 de junio de 2011.- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) defienden la necesidad de modificar la legislación vigente para conjugar adecuadamente la precaria situación de las familias afectadas por desahucio con los intereses de las entidades de crédito que deben mostrar un sobrado ratio de solvencia ante los mercados financieros internacionales.

En este sentido, Gestha señaló que el proyecto de Ley de medidas de agilización procesal que se debate en el Congreso no sólo supone una oportunidad para regular adecuadamente las nuevas hipotecas que se suscriban a partir de su entrada en vigor, sino que también puede contribuir a mejorar la situación de las familias afectadas por esta problemática.

Concretamente, los Técnicos de Hacienda mostraron su respaldo a las medidas que abogan por fijar el importe de la adjudicación de las viviendas hasta el 80% del valor de tasación utilizado para la hipoteca, lo que evitará los préstamos por el 100% del valor de tasación que muchos bancos y cajas concedieron durante los años de bonanza, “sin respetar los criterios de prudencia necesarios”.

Asimismo, el colectivo abogó por favorecer que, en caso de desahucio, las entidades de crédito puedan ceder bajo una fórmula de arrendamiento las viviendas a sus antiguos inquilinos, de tal forma que éstos, si se comprometen notarialmente a ello, puedan recomprarla una vez recuperen su empleo.

Situaciones “disparatadas”

Gestha recordó que la actual normativa tributaria permite que se den ciertas situaciones “disparatadas” entre quienes pierden su vivienda por no poder pagar la hipoteca -unas 15.000 familias durante el primer trimestre de este año-, a pesar de la moratoria de dos años en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria -hasta un máximo de 500 euros mensuales- aprobada en 2009 para los parados y trabajadores autónomos que hayan cerrado su negocio o reduzcan sus ingresos.

Una de estas situaciones se produce cuando el precio de la subasta supera el precio escriturado de la vivienda, aunque no se haya cubierto la totalidad de la deuda, incluidos los intereses moratorios, indemnizatorios y costas; en estos casos, Hacienda considerará que “el desalojado ha obtenido una ganancia patrimonial”, y le exigirá el 19% o el 21% de la “supuesta plusvalía”.